Tras varias advertencias y una denuncia de la Comisión Europea en 2008, el Tribunal de Justicia de la Unión ha condenado a España por verter las aguas residuales de 38 zonas urbanas de más de 15.000 habitantes sin tratarlas previamente. Abocar estas aguas de forma incontrolada supone un riesgo que infringe la ley sanitaria y medioambiental de la UE, en vigor desde 2000.