El 10 de diciembre se celebra el Día de los Derechos Humanos entre los Estados Miembros de las Naciones Unidas. Fue el mismo día de 1948 cuando la Asamblea General de la ONU, partiendo del reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los seres humanos, adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) como “norma común de conducta para todos los pueblos y naciones”. La DUDH.
La Declaración establece una amplia gama de derechos y libertades fundamentales, cuya potestad poseemos todos -o deberíamos poseer todos en igualdad de condiciones- por el hecho de ser humanos. Entre esos derechos se encuentran el derecho a la educación o a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión sin distinción de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen étnico, religión, lengua o cualquier otra condición.
Derecho humano al agua y al saneamiento
El 28 de julio de 2010, sesenta y dos años después de la adopción de la DUDH, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos.
En México a través de una reforma constitucional al párrafo sexto del artículo 4º, publicada el 8 de febrero de 2012 en el Diario Oficial de la Federación, se elevó a rango constitucional el derecho humano al agua y saneamiento:
“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”.
La cuestión del derecho humano al agua plantea numerosos retos en el abordaje de sus múltiples dimensiones. Tal vez el primero tiene que ver con el tránsito de lo normativo e institucional a la acción pública concreta y a su incidencia sobre los problemas del agua. No basta con reconocer el acceso a agua limpia y de calidad, así como al saneamiento, como derechos humanos. La cuestión de fondo es cómo lograr su operacionalización e instrumentación.
Los derechos humanos adquieren un nuevo significado cuando se convierten en una realidad en la vida cotidiana de las personas. Contribuir a hacer realidad el derecho humano al agua es parte fundamental de la misión del IMTA en todas sus áreas de competencia, especialmente a través del desarrollo y de la transferencia de tecnología, la ciencia, la educación y la comunicación.
IMTA: por el derecho humano al agua
En el marco de los Planes de Justicias y Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas, durante los últimos seis años el IMTA ha llevado a cabo diversas intervenciones con los pueblos originarios de nuestro país a fin de proveer el mejor conocimiento disponible para garantizar el ejercicio de su derecho humano al agua.
Además del pueblo Ralámuli y las comunidades Zapotecas en Chihuahua y Oaxaca respectivamente, con los pueblos Seri, Yaqui y Yoreme-Mayo en el estado de Sonora, así como con el pueblo Wixárica en Jalisco, el IMTA ha trabajado en un continuo proceso de intercambio de saberes para plantear alternativas y soluciones que han permitido avanzar progresivamente hacia la equidad en las condiciones de seguridad hídrica para estas comunidades, hasta hace poco invisibilizadas y segregadas.
El Instituto ha colaborado en el desarrollo de proyectos y soluciones descentralizadas para garantizar el derecho humano al agua y saneamiento de estas comunidades en situación de precariedad hídrica. El IMTA ha investigado y desarrollado sistemas de potabilización, saneamiento y reutilización del agua, así como para el monitoreo y la evaluación de la calidad del agua desde un enfoque ecohidrológico.
En torno a la gobernanza del agua, el IMTA ha desarrollado procesos asociados a la participación comunitaria de los pueblos originarios, a sus derechos humanos y factores económicos vinculados con el agua. Además, el proceso de fortalecimiento que se intenta hacer con estas comunidades permite afianzar las acciones que permitirán garantizar el acceso al agua para las personas más pobres de las localidades más alejadas, las de zonas rurales y de difícil acceso.