class="contentpane"> Agua, tendencia privatizadora
Jueves, 27 de Junio de 2013 13:14
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Javier López Osorio Martes 25 de Junio de 2013

Al analizar el problema del agua se destacan varios aspectos a considerar, sobresaliendo su escasez, su contaminación y su privatización. De los tres, el calificado como el de mayor peligro es sin duda este último, esto es, los procesos de privatización del vital líquido, presente a una escala mundial y de manera sobresaliente en México.

La mayor amenaza al acceso universal al agua potable no la proporciona la naturaleza sino la globalización corporativa. La privatización del agua es un fenómeno progresiva y agresivamente exportado hacia los países periféricos, bajo las equívocas premisas de la disminución de la deuda, la liberalización del comercio y el crecimiento económico.

Olvidando que el acceso al agua potable es un derecho humano universal, al garantizarse así que todo el mundo debe beneficiarse del recurso hídrico. Y que al mismo tiempo se opone a que la explotación del agua quede en manos de corporaciones privadas que sólo buscan la ganancia y la acumulación.

Hasta el momento existen, al menos, seis diversas modalidades de la privatización del agua:

1.- Privatización de los servicios municipales de agua en zonas urbanas. Donde manos privadas se apropian de las redes de distribución y plantas purificadoras con el aval de los gobiernos nacionales.

2.- Privatización de los territorios y biorregiones. Es la privatización de grandes territorios para garantizarse el uso monopólico del recurso. La separación de la propiedad de la tierra de la de los pozos y fuentes de agua, que estén en ellos, son colocados en el mercado.

3.- Privatización por desviación de aguas. Mediante canales que desvían ríos enteros fuera de su cauce natural y la construcción de megaproyectos de infraestructura, se provee agua abundante para usuarios industriales y agronegocios.

4.- Privatización por contaminación. Cuando los grandes usuarios corporativos contaminan el recurso mediante su uso y abuso, imposibilitan el que sectores menos pudientes puedan usarlo. Creándose una escasez y un mercado de descontaminación del agua en manos privadas.

5.- Privatización por el embotellamiento de agua. Cuatro transnacionales controlan gran parte de este próspero negocio (Coca-Cola, Pepsico, Nestlé y Danone). Estas compañías obtienen agua mediante subsidios estatales asombrosamente generosos y favorables y la venden a mil o diez mil veces lo que les costó obtenerla.

6.- Monopolio de las tecnologías. Controlando las tecnologías para su extracción y purificación. A través de control monopólico de mercados y patentes de tecnología, los destructores del recurso se presentan como los salvadores, a los cuales todos tenemos que pagar.

En México se han empleado sofisticados mecanismos hacia la propiedad privada del agua para ablandar y fragmentar la oposición y para dificultar el que sectores críticos perciban el cuadro amplio y los verdaderos designios de los privatizadores. En México se viene aplicando a través de varios programas impulsados por la Comisión Nacional del Agua, fomentando el negocio del recurso con las empresas y donde el BM está listo para financiar estos acuerdos. Esta es la base que motiva la tendencia privatizadora del agua en México. Se busca vincular a los municipios con las corporaciones y las financiadoras internacionales, y el gobierno federal aprueba este tipo de vínculos. Para ello se vienen desarrollando infinidad de foros sobre el agua y su escasez, donde las compañías y los gobiernos promueven su privatización, cuidando mucho de no decirlo así.

La tendencia a la privatización del agua en México se remonta a 1983, cuando el presidente Miguel de la Madrid impulsó cambios al artículo 115 de la Constitución que descargaron sobre los gobiernos municipales la responsabilidad del suministro del agua. En 1992 el proceso privatizador se afianzó con la aprobación de una nueva Ley de Aguas Nacionales, tras la cual numerosos municipios concesionaron el manejo de sus aguas a filiales de empresas transnacionales. En 2001 se creó el Programa para la Modernización de Prestadores de Servicio de Agua y Saneamiento (Promagua) para darle financiamiento a los municipios para mantener sus sistemas de agua. Pero la ayuda de Promagua, que fue financiado con un préstamo del Banco Mundial, está condicionada a que los municipios faciliten la participación del capital privado.

Los casos sobre privatización del agua en México se localizan en varios estados y municipios, con apoyo y financiamiento público, y sin resolverse el manejo, no digamos sustentable, sino adecuado del recurso. Las empresas privadas se rehúsan a establecer cualquier tipo de convenio con autoridades municipales si éstas no se comprometen a resolver rezagos en la infraestructura por medio de inversión estatal, a incrementar las tarifas antes de que ingrese el capital privado, a absorber los costos para “eliminar la incertidumbre” respecto de los derechos de propiedad, a garantizar la continuidad de la concesión y a asumir la responsabilidad de ampliar la red de infraestructura.

Según varios documentos, muchos de los préstamos del Banco Mundial a México han tenido como condición la privatización y la recuperación del costo total del agua. En su lenguaje, la “recuperación del costo” se refiere tanto a la eliminación de los subsidios gubernamentales como al incremento constante de los pagos que los consumidores deben hacer para tener acceso al servicio.

La Ley de Aguas Nacionales ha sido un paso sustancial en la privatización de la infraestructura y el suministro de agua potable. Según el BM el “nuevo marco legal constituye una oportunidad única para profundizar el proceso de reforma” (estructural) del sector. La nueva legislación afina los mecanismos para lograr la exclusión de la población del proceso de toma de decisiones sobre las políticas y la gestión real del líquido, para trasladarlo a las grandes empresas.

En México crece la resistencia organizada para enfrentar los diferentes modos y aspectos de este renovado asalto a los bienes nacionales. El desafío es consolidar el tejido social desde cada perspectiva, propiciando un gran torrente que borre de raíz las intenciones privatizadoras del agua, bien nacional y un recurso de seguridad nacional.

Fuente: Cambio de Michoacán

Agua, tendencia privatizadora

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Javier López Osorio Martes 25 de Junio de 2013

Al analizar el problema del agua se destacan varios aspectos a considerar, sobresaliendo su escasez, su contaminación y su privatización. De los tres, el calificado como el de mayor peligro es sin duda este último, esto es, los procesos de privatización del vital líquido, presente a una escala mundial y de manera sobresaliente en México.

La mayor amenaza al acceso universal al agua potable no la proporciona la naturaleza sino la globalización corporativa. La privatización del agua es un fenómeno progresiva y agresivamente exportado hacia los países periféricos, bajo las equívocas premisas de la disminución de la deuda, la liberalización del comercio y el crecimiento económico.

Olvidando que el acceso al agua potable es un derecho humano universal, al garantizarse así que todo el mundo debe beneficiarse del recurso hídrico. Y que al mismo tiempo se opone a que la explotación del agua quede en manos de corporaciones privadas que sólo buscan la ganancia y la acumulación.

Hasta el momento existen, al menos, seis diversas modalidades de la privatización del agua:

1.- Privatización de los servicios municipales de agua en zonas urbanas. Donde manos privadas se apropian de las redes de distribución y plantas purificadoras con el aval de los gobiernos nacionales.

2.- Privatización de los territorios y biorregiones. Es la privatización de grandes territorios para garantizarse el uso monopólico del recurso. La separación de la propiedad de la tierra de la de los pozos y fuentes de agua, que estén en ellos, son colocados en el mercado.

3.- Privatización por desviación de aguas. Mediante canales que desvían ríos enteros fuera de su cauce natural y la construcción de megaproyectos de infraestructura, se provee agua abundante para usuarios industriales y agronegocios.

4.- Privatización por contaminación. Cuando los grandes usuarios corporativos contaminan el recurso mediante su uso y abuso, imposibilitan el que sectores menos pudientes puedan usarlo. Creándose una escasez y un mercado de descontaminación del agua en manos privadas.

5.- Privatización por el embotellamiento de agua. Cuatro transnacionales controlan gran parte de este próspero negocio (Coca-Cola, Pepsico, Nestlé y Danone). Estas compañías obtienen agua mediante subsidios estatales asombrosamente generosos y favorables y la venden a mil o diez mil veces lo que les costó obtenerla.

6.- Monopolio de las tecnologías. Controlando las tecnologías para su extracción y purificación. A través de control monopólico de mercados y patentes de tecnología, los destructores del recurso se presentan como los salvadores, a los cuales todos tenemos que pagar.

En México se han empleado sofisticados mecanismos hacia la propiedad privada del agua para ablandar y fragmentar la oposición y para dificultar el que sectores críticos perciban el cuadro amplio y los verdaderos designios de los privatizadores. En México se viene aplicando a través de varios programas impulsados por la Comisión Nacional del Agua, fomentando el negocio del recurso con las empresas y donde el BM está listo para financiar estos acuerdos. Esta es la base que motiva la tendencia privatizadora del agua en México. Se busca vincular a los municipios con las corporaciones y las financiadoras internacionales, y el gobierno federal aprueba este tipo de vínculos. Para ello se vienen desarrollando infinidad de foros sobre el agua y su escasez, donde las compañías y los gobiernos promueven su privatización, cuidando mucho de no decirlo así.

La tendencia a la privatización del agua en México se remonta a 1983, cuando el presidente Miguel de la Madrid impulsó cambios al artículo 115 de la Constitución que descargaron sobre los gobiernos municipales la responsabilidad del suministro del agua. En 1992 el proceso privatizador se afianzó con la aprobación de una nueva Ley de Aguas Nacionales, tras la cual numerosos municipios concesionaron el manejo de sus aguas a filiales de empresas transnacionales. En 2001 se creó el Programa para la Modernización de Prestadores de Servicio de Agua y Saneamiento (Promagua) para darle financiamiento a los municipios para mantener sus sistemas de agua. Pero la ayuda de Promagua, que fue financiado con un préstamo del Banco Mundial, está condicionada a que los municipios faciliten la participación del capital privado.

Los casos sobre privatización del agua en México se localizan en varios estados y municipios, con apoyo y financiamiento público, y sin resolverse el manejo, no digamos sustentable, sino adecuado del recurso. Las empresas privadas se rehúsan a establecer cualquier tipo de convenio con autoridades municipales si éstas no se comprometen a resolver rezagos en la infraestructura por medio de inversión estatal, a incrementar las tarifas antes de que ingrese el capital privado, a absorber los costos para “eliminar la incertidumbre” respecto de los derechos de propiedad, a garantizar la continuidad de la concesión y a asumir la responsabilidad de ampliar la red de infraestructura.

Según varios documentos, muchos de los préstamos del Banco Mundial a México han tenido como condición la privatización y la recuperación del costo total del agua. En su lenguaje, la “recuperación del costo” se refiere tanto a la eliminación de los subsidios gubernamentales como al incremento constante de los pagos que los consumidores deben hacer para tener acceso al servicio.

La Ley de Aguas Nacionales ha sido un paso sustancial en la privatización de la infraestructura y el suministro de agua potable. Según el BM el “nuevo marco legal constituye una oportunidad única para profundizar el proceso de reforma” (estructural) del sector. La nueva legislación afina los mecanismos para lograr la exclusión de la población del proceso de toma de decisiones sobre las políticas y la gestión real del líquido, para trasladarlo a las grandes empresas.

En México crece la resistencia organizada para enfrentar los diferentes modos y aspectos de este renovado asalto a los bienes nacionales. El desafío es consolidar el tejido social desde cada perspectiva, propiciando un gran torrente que borre de raíz las intenciones privatizadoras del agua, bien nacional y un recurso de seguridad nacional.

Fuente: Cambio de Michoacán