class="contentpane"> Transparencia y agua: elementos para repensar su enfoque
Martes, 03 de Noviembre de 2020 19:29
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La cuestión de la transparencia como un tema central tiene su propia historia.

Desde la teoría liberal no había “secretos insondables de la política”, por lo que la antítesis de este secretismo era la publicidad, entendida como la libertad de prensa y de discusión, que era el principio que, para Stuart Mill, bastaba para que la opinión pública se formara y se pronunciara sobre los intereses nacionales.

De esa teoría a la actualidad, donde los liberales de finales del siglo XIX consideraban que la publicidad era un requisito para formar la opinión pública para la discusión de intereses nacionales y la transparencia, entendida en nuestros días como una práctica o un instrumento que utilizan las organizaciones para publicar o volver público algunos procesos de tomas de decisiones (Aguilera, 2005), encontramos sus antecedentes, en tanto práctica y en tanto libertad de informarse de lo que hacen sus gobiernos.

Sin embargo, a partir de hace unos años, la transparencia ha sido fomentada como objetivo de los organismos internacionales y se ha convertido en objeto de los estados nacionales, a través de una política impulsada desde un diagnóstico de la corrupción que se afirma como un mal endémico de las instituciones gubernamentales (Ruiz, 2017). Con este enfoque, al naturalizar la corrupción como parte indivisible de la vida política, se corre el riesgo de no analizar las causas que fomentan y reproducen esas prácticas de producción.

No se plantea negar los datos sobre corrupción, los cuales ya son de por sí alarmantes. Por ejemplo, de acuerdo con el Informe Barómetro Global de la Corrupción. América Latina y el Caribe 2019, una de cada cinco personas que accedieron a los servicios públicos, como el agua, había pagado sobornos el año anterior. En México, la Auditoria Superior de la Federación (ASF) ha alertado sobre el tema, particularmente sobre el otorgamiento de las concesiones de agua, lo que ha originado una sobreexplotación de acuíferos y ha afectado la sustentabilidad. Un dato en este sentido es que de 2015 a 2018 se otorgaron 77 títulos de concesión en acuíferos sin disponibilidad (ASF, 2019).

Más bien, se propone repensar el concepto de transparencia desde una visión amplia, crítica y propositiva. En este sentido, la transparencia, en su vínculo con la rendición de cuentas, se inscribe no sólo en el marco de la lucha contra la corrupción, sino también en la búsqueda de una democracia más participativa, más efectiva y funcional (Emmerich, 2004).

Desde esta visión, transparencia significa buscar mecanismos que sirvan para gobernar para la ciudadanía, en donde la transparencia sea entendida a partir de la pluralidad y del disenso de opiniones como una característica inherente y positiva de la política democrática y desechar argumentos que consideran que los ciudadanos son incapaces de comprender la complejidad de las decisiones públicas (Aguilera, 2006).

Aunada a esta visión amplia, crítica y propositiva, destacamos que la transparencia desempeña un papel fundamental en los gobiernos democráticos, a partir de los siguientes aspectos:

Como control de poder público. “Cuanto más expuesto está el ejercicio del poder político a un sinnúmero de tentaciones, tanto más poderosos motivos conviene dar a los que están revestidos con él para desecharlas” (Bentham en Aguilar, 2006). Este control se efectúa a través de la vigilancia ciudadana y la fiscalización de las acciones tanto de los políticos como de los servidores públicos.
Para fortalecer a la autoridad política. Proporcionar información sobre la conducta de los representantes tiene el efecto de asegurar la confianza de la ciudadanía. Y la confianza puede facilitar la coordinación entre los ciudadanos y el gobierno.
Para la detección y corrección de errores. La transparencia mejora la capacidad cognoscitiva de los gobiernos, facilitando que la toma de decisiones sea más concienzuda y que sea más sencillo aprender de los errores y corregirlos. En tal sentido, es un mecanismo para corregir políticas públicas fallidas o ineficaces.
A partir de las anteriores argumentaciones, la transparencia hídrica debería comprender al menos tres mecanismos necesarios:

La divulgación y publicación de información a los distintos grupos de interés de una política.
El diálogo en las decisiones políticas, a través del diseño, funcionamiento y monitoreo de mecanismos que respondan tanto a las expectativas como a las necesidades de los involucrados. Tales mecanismos comprenden procedimientos claros y seguimiento de quejas, peticiones y reclamos, así como también espacios formales para el diálogo y la toma colectiva de decisiones.
La aplicación de controles que gobiernen la integridad a través de la existencia y aplicación de un código de ética.
Desde esta perspectiva, el IMTA llevó a cabo la Semana de la Transparencia Hídrica con el propósito de habilitar un espacio de intercambio de saberes y experiencias sobre el tema para la investigación y la incidencia en la política pública y con ello abonar a la construcción de una democracia hídrica, reconociendo las dimensiones de equidad, participación y justicia tan necesarias para lograr la transición hídrica por la vida.

Referencias:

Aguilera, A. (2006). Transparencia y democracia, claves para un concierto. Instituto Federal de acceso a la Información Pública.

ASF (2019). Evaluación número 1585-DE “Política pública de agua potable”. México: Auditoría Superior de la Federación. Obtenido de: http://informe.asf.gob.mx/Entrega3/Documentos/Auditorias/2017_1585_a.pd

Emmerich, G. E. (2004). Transparencia, rendición de cuentas, responsabilidad gubernamental y participación ciudadana. México.

Ruiz del Ferrier, C. (2017). (Comp.) Control de Políticas Públicas. La Cuestión de la transparencia y la transparencia en cuestión. Flacso Argentina.

Videos de las sesiones

Fuente: IMTA

Transparencia y agua: elementos para repensar su enfoque

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La cuestión de la transparencia como un tema central tiene su propia historia.

Desde la teoría liberal no había “secretos insondables de la política”, por lo que la antítesis de este secretismo era la publicidad, entendida como la libertad de prensa y de discusión, que era el principio que, para Stuart Mill, bastaba para que la opinión pública se formara y se pronunciara sobre los intereses nacionales.

De esa teoría a la actualidad, donde los liberales de finales del siglo XIX consideraban que la publicidad era un requisito para formar la opinión pública para la discusión de intereses nacionales y la transparencia, entendida en nuestros días como una práctica o un instrumento que utilizan las organizaciones para publicar o volver público algunos procesos de tomas de decisiones (Aguilera, 2005), encontramos sus antecedentes, en tanto práctica y en tanto libertad de informarse de lo que hacen sus gobiernos.

Sin embargo, a partir de hace unos años, la transparencia ha sido fomentada como objetivo de los organismos internacionales y se ha convertido en objeto de los estados nacionales, a través de una política impulsada desde un diagnóstico de la corrupción que se afirma como un mal endémico de las instituciones gubernamentales (Ruiz, 2017). Con este enfoque, al naturalizar la corrupción como parte indivisible de la vida política, se corre el riesgo de no analizar las causas que fomentan y reproducen esas prácticas de producción.

No se plantea negar los datos sobre corrupción, los cuales ya son de por sí alarmantes. Por ejemplo, de acuerdo con el Informe Barómetro Global de la Corrupción. América Latina y el Caribe 2019, una de cada cinco personas que accedieron a los servicios públicos, como el agua, había pagado sobornos el año anterior. En México, la Auditoria Superior de la Federación (ASF) ha alertado sobre el tema, particularmente sobre el otorgamiento de las concesiones de agua, lo que ha originado una sobreexplotación de acuíferos y ha afectado la sustentabilidad. Un dato en este sentido es que de 2015 a 2018 se otorgaron 77 títulos de concesión en acuíferos sin disponibilidad (ASF, 2019).

Más bien, se propone repensar el concepto de transparencia desde una visión amplia, crítica y propositiva. En este sentido, la transparencia, en su vínculo con la rendición de cuentas, se inscribe no sólo en el marco de la lucha contra la corrupción, sino también en la búsqueda de una democracia más participativa, más efectiva y funcional (Emmerich, 2004).

Desde esta visión, transparencia significa buscar mecanismos que sirvan para gobernar para la ciudadanía, en donde la transparencia sea entendida a partir de la pluralidad y del disenso de opiniones como una característica inherente y positiva de la política democrática y desechar argumentos que consideran que los ciudadanos son incapaces de comprender la complejidad de las decisiones públicas (Aguilera, 2006).

Aunada a esta visión amplia, crítica y propositiva, destacamos que la transparencia desempeña un papel fundamental en los gobiernos democráticos, a partir de los siguientes aspectos:

Como control de poder público. “Cuanto más expuesto está el ejercicio del poder político a un sinnúmero de tentaciones, tanto más poderosos motivos conviene dar a los que están revestidos con él para desecharlas” (Bentham en Aguilar, 2006). Este control se efectúa a través de la vigilancia ciudadana y la fiscalización de las acciones tanto de los políticos como de los servidores públicos.
Para fortalecer a la autoridad política. Proporcionar información sobre la conducta de los representantes tiene el efecto de asegurar la confianza de la ciudadanía. Y la confianza puede facilitar la coordinación entre los ciudadanos y el gobierno.
Para la detección y corrección de errores. La transparencia mejora la capacidad cognoscitiva de los gobiernos, facilitando que la toma de decisiones sea más concienzuda y que sea más sencillo aprender de los errores y corregirlos. En tal sentido, es un mecanismo para corregir políticas públicas fallidas o ineficaces.
A partir de las anteriores argumentaciones, la transparencia hídrica debería comprender al menos tres mecanismos necesarios:

La divulgación y publicación de información a los distintos grupos de interés de una política.
El diálogo en las decisiones políticas, a través del diseño, funcionamiento y monitoreo de mecanismos que respondan tanto a las expectativas como a las necesidades de los involucrados. Tales mecanismos comprenden procedimientos claros y seguimiento de quejas, peticiones y reclamos, así como también espacios formales para el diálogo y la toma colectiva de decisiones.
La aplicación de controles que gobiernen la integridad a través de la existencia y aplicación de un código de ética.
Desde esta perspectiva, el IMTA llevó a cabo la Semana de la Transparencia Hídrica con el propósito de habilitar un espacio de intercambio de saberes y experiencias sobre el tema para la investigación y la incidencia en la política pública y con ello abonar a la construcción de una democracia hídrica, reconociendo las dimensiones de equidad, participación y justicia tan necesarias para lograr la transición hídrica por la vida.

Referencias:

Aguilera, A. (2006). Transparencia y democracia, claves para un concierto. Instituto Federal de acceso a la Información Pública.

ASF (2019). Evaluación número 1585-DE “Política pública de agua potable”. México: Auditoría Superior de la Federación. Obtenido de: http://informe.asf.gob.mx/Entrega3/Documentos/Auditorias/2017_1585_a.pd

Emmerich, G. E. (2004). Transparencia, rendición de cuentas, responsabilidad gubernamental y participación ciudadana. México.

Ruiz del Ferrier, C. (2017). (Comp.) Control de Políticas Públicas. La Cuestión de la transparencia y la transparencia en cuestión. Flacso Argentina.

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Fuente: IMTA