UNESCO

© UNESCO/CSI/LINKS, Bangkok/Derel Emoas

Como los países industrializados son responsables del 70% del volumen del CO2 emitido hacia la atmósfera desde los comienzos de la revolución industrial, se puede considerar que han contraído una deuda ambiental que deben reembolsar. Esta es la opinión de la ecologista india Sunita Narain, según la cual el pago de esa deuda ayudará a los países de economías emergentes a desarrollarse sin deteriorar el medio ambiente.

En lo referente al cambio climático, el mundo no ha aprendido todavía su primera lección y no ha sabido compartir el espacio atmosférico para compartir también, equitativamente, el crecimiento económico. Esto necesita sagacidad, capacidad de liderazgo y coraje en el plano político. El calentamiento del planeta plantea es sin duda uno de los problemas económicos y políticos más arduos y espinosos de toda la historia del mundo. Lo que se trata es de saber es si los países ricos, responsables de la actual concentración de CO2 en la atmósfera común de todos los habitantes del planeta, convendrán en indemnizar a las víctimas de sus excesos económicos, y si se dotarán con los recursos necesarios para financiar la imprescindible transición hacia economías que emitan menos CO2. Los problemas planteados son claros, pero entre pretextos y evasivas lo cierto es que las respuestas no acaban de llegar…

La cuestión es muy sencilla: el cambio climático es indisociable del crecimiento económico. Es, como se suele decir, el mayor “fallo de mercado”. A pesar de años de obstinadas negociaciones y de la continua insistencia sobre los objetivos del Protocolo de Kyoto [abierto a la ratificación de los Estados el 16 de marzo de 1988 y vigente desde febrero de 2005], ningún país ha conseguido cortar el vínculo entre el crecimiento económico y el aumento de las emisiones de CO2. Tampoco hay ninguno que haya mostrado cómo se puede edificar una economía en la que esas emisiones sean atenuadas.

Lo que nos molesta no es la realidad del cambio climático, sino la evidencia de que sólo podremos remediar la situación compartiendo el crecimiento entre los países y entre las poblaciones del mundo. Los países ricos tienen que reducir las emisiones de CO2 para que los pobres puedan crecer. A esto aspiraban tanto el acuerdo sobre el clima firmado en Río de Janeiro [en la Primera Cumbre de la Tierra, celebrada en 1992] como el Protocolo de Kyoto, en virtud del cual los países industrializados se comprometieron a que sus emisiones de CO2 entre 1998 y el periodo 2008-2012 se reducirían en un 6% con respecto a las registradas en 1990. Pero hay que decir que nunca se tomaron en serio estos acuerdos.

La realidad es que las emisiones de CO2 de los países ricos e industrializados aumentaron en un 14,5% entre 1990 y 2006, y las del sector energético directamente vinculadas al crecimiento económico experimentaron un incremento del 15 %. Esto es inaceptable.

En efecto, sabemos que el cambio climático ha sido provocado por las emisiones que se han venido produciendo a lo largo de la historia. A este respecto, hay que señalar que una tonelada de CO2 emitida hace un siglo cuenta tanto como una tonelada emitida hoy en día. Según las estimaciones, los países industrializados son responsables del 70% del volumen del CO2 emitido hacia la atmósfera desde los comienzos de la revolución industrial. Estos países han contraído por lo tanto una deuda ambiental que, al igual que la deuda financiera, debe ser reembolsada. Esto no es todo porque, incluso en nuestros días, las diferencias siguen siendo abismales: entre 1980 y 2005 los Estados Unidos han emitido casi el doble de cantidad de CO2 que China y unas siete veces más que la India. Si se tiene en cuenta el número de habitantes, cabe decir que nos hallamos ante una falta de equidad inaceptable, e incluso inmoral.

Hacia una solución común
Lo primero que hace falta es que los países ricos reduzcan considerablemente sus emisiones y que no haya desacuerdos ni tergiversaciones a este respecto. En la atmósfera hay una masa de gases con efecto de invernadero que se ha ido acumulando con el correr de los siglos, enriqueciendo a algunas naciones y alterando el clima del planeta. Los países pobres van a aumentar esa masa a medida que se vayan desarrollando. Esto último no exime en modo alguno a los países ricos de la obligación de fijarse sólidos objetivos de reducción de sus emisiones, sancionándolos en el plano jurídico. Se debe establecer un acuerdo basado en el principio siguiente: que los ricos reduzcan para que los pobres puedan desarrollarse a su vez.

El otro aspecto de ese acuerdo es que los países pobres y de economías emergentes necesitan desarrollarse económicamente. El compromiso que contraigan no debe ser vinculante en el plano jurídico, sino que debe basarse en objetivos y planes nacionales de reducción. La dificultad estriba en que los países emergentes puedan adoptar estrategias de crecimiento con escasos índice de emisión de CO2, sin que ello vaya menoscabo de su derecho al desarrollo.

Eso es factible. Es evidente que países como China y la India ofrecen al mundo la posibilidad de evitar emisiones de dióxido de carbono adicionales, en la medida en que todavía no han terminado la construcción de sus infraestructuras para la energía, la industria y los transportes. De ahí que tengan la posibilidad de invertir directamente en tecnologías eficaces, basando su desarrollo urbano en los transportes colectivos, su aprovisionamiento energético en una producción local y diversificada (desde los biocarburantes a las energías renovables) y su industria en tecnologías menos despilfarradoras y contaminantes.

Estos países ya saben que no les interesa en absoluto contaminar para luego tener que limpiar, o empezar derrochando los recursos energéticos para verse obligados a ahorrarlos después. El problema es que las tecnologías eficientes son costosas. No es que China y la India tengan una propensión particular a invertir en tecnologías sucias y devoradoras de energía. Lo que hacen estos países es, ni más ni menos, seguir por la vía trazada por los países ricos: incrementar las emisiones de CO2, enriquecerse y adoptar luego estrategias de desarrollo sobrias. El acuerdo que se concluya debe reconocer ese estado de cosas y facilitar a los países pobres y de economías emergentes las tecnologías y la financiación necesarias para que puedan efectuar es transición. Ese es el quid de la cuestión.

Un sistema de “cuotas climáticas”
El mundo debe examinar seriamente el establecimiento de un sistema de igualdad de derechos de emisión por habitante, de forma que los países ricos reduzcan sus emisiones y los pobres no sobrepasen sus “cuotas climáticas”.

La atribución a cada país de una capacidad global de absorción, en función de su población, generará un sistema de derechos de emisión por habitante y constituirá el volumen de emisiones tolerado. Ese sistema servirá de marco a una bolsa mundial de derechos de emisión, en la que los países que hayan sobrepasado sus cuotas anuales de CO2 podrán comprar derechos suplementarios a aquellos que no hayan alcanzado sus propias cuotas. Así se creará un incentivo financiero para que los países mantengan sus emisiones al nivel más bajo posible e inviertan en proyectos de “emisión cero”.

Este sistema internacional equitativo debe corresponderse con un sistema nacional de la misma índole. En la India, por ejemplo, son los pobres, y no los ricos, quienes emiten menos del CO2 que les corresponde en la cuota nacional. Al no tener acceso a la energía, son los económicamente débiles los que ofrecen al país el margen de maniobra de que dispone: en 2005 la emisión por habitante en la India se cifró en una tonelada y media de CO2 por habitante. No obstante, esta cifra oculta disparidades muy profundas entre las zonas urbanas industriales, devoradoras de energía, y las zonas rurales, mucho más frugales. Según las estimaciones, hoy en día solamente el 31% de los hogares rurales de la India disponen de energía eléctrica. La electrificación de todas las aldeas del país va a ser una empresa onerosa y difícil a la vez. De ahí que sea especialmente viable en el plano económico optar por soluciones basadas en las energías renovables, al margen de las redes eléctricas clásicas. Si en India se atribuyesen derechos iguales de emisión por habitante, de manera que los más acomodados se viesen obligados a reembolsar a los pobres por sus excesos, los usuarios más sobrios dispondrían de los recursos e incentivos necesarios para orientarse hacia la utilización de tecnologías de “emisión cero”. Esto sería un medio para estimular una fuerte demanda de inversiones en las nuevas tecnologías renovables.

Esta estrategia basada en los derechos de emisión es fundamental para afrontar el problema planteado por el cambio climático. Éste nos ha mostrado mejor que nadie que en este mundo todas las cosas guardan relación entre sí, y que si ayer los países ricos sobrepasaron su capacidad de emisión, los países emergentes van a hacer lo mismo ahora. También nos ha mostrado que el único medio para controlar los excesos es llegar a un acuerdo justo y equitativo, a fin de que podamos impulsar en el mundo una empresa de cooperación de vastas proporciones.

Sunita Narain es una ecologista militante de la India que dirige el Centro para la Ciencia y el Medio Ambiente y la Sociedad para la Comunicación Ambiental con sede en Nueva Delhi. También es redactora jefe de la revista Down To Earth.

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© UNESCO/CSI/LINKS, Bangkok/Derel Emoas

Como los países industrializados son responsables del 70% del volumen del CO2 emitido hacia la atmósfera desde los comienzos de la revolución industrial, se puede considerar que han contraído una deuda ambiental que deben reembolsar. Esta es la opinión de la ecologista india Sunita Narain, según la cual el pago de esa deuda ayudará a los países de economías emergentes a desarrollarse sin deteriorar el medio ambiente.

En lo referente al cambio climático, el mundo no ha aprendido todavía su primera lección y no ha sabido compartir el espacio atmosférico para compartir también, equitativamente, el crecimiento económico. Esto necesita sagacidad, capacidad de liderazgo y coraje en el plano político. El calentamiento del planeta plantea es sin duda uno de los problemas económicos y políticos más arduos y espinosos de toda la historia del mundo. Lo que se trata es de saber es si los países ricos, responsables de la actual concentración de CO2 en la atmósfera común de todos los habitantes del planeta, convendrán en indemnizar a las víctimas de sus excesos económicos, y si se dotarán con los recursos necesarios para financiar la imprescindible transición hacia economías que emitan menos CO2. Los problemas planteados son claros, pero entre pretextos y evasivas lo cierto es que las respuestas no acaban de llegar…

La cuestión es muy sencilla: el cambio climático es indisociable del crecimiento económico. Es, como se suele decir, el mayor “fallo de mercado”. A pesar de años de obstinadas negociaciones y de la continua insistencia sobre los objetivos del Protocolo de Kyoto [abierto a la ratificación de los Estados el 16 de marzo de 1988 y vigente desde febrero de 2005], ningún país ha conseguido cortar el vínculo entre el crecimiento económico y el aumento de las emisiones de CO2. Tampoco hay ninguno que haya mostrado cómo se puede edificar una economía en la que esas emisiones sean atenuadas.

Lo que nos molesta no es la realidad del cambio climático, sino la evidencia de que sólo podremos remediar la situación compartiendo el crecimiento entre los países y entre las poblaciones del mundo. Los países ricos tienen que reducir las emisiones de CO2 para que los pobres puedan crecer. A esto aspiraban tanto el acuerdo sobre el clima firmado en Río de Janeiro [en la Primera Cumbre de la Tierra, celebrada en 1992] como el Protocolo de Kyoto, en virtud del cual los países industrializados se comprometieron a que sus emisiones de CO2 entre 1998 y el periodo 2008-2012 se reducirían en un 6% con respecto a las registradas en 1990. Pero hay que decir que nunca se tomaron en serio estos acuerdos.

La realidad es que las emisiones de CO2 de los países ricos e industrializados aumentaron en un 14,5% entre 1990 y 2006, y las del sector energético directamente vinculadas al crecimiento económico experimentaron un incremento del 15 %. Esto es inaceptable.

En efecto, sabemos que el cambio climático ha sido provocado por las emisiones que se han venido produciendo a lo largo de la historia. A este respecto, hay que señalar que una tonelada de CO2 emitida hace un siglo cuenta tanto como una tonelada emitida hoy en día. Según las estimaciones, los países industrializados son responsables del 70% del volumen del CO2 emitido hacia la atmósfera desde los comienzos de la revolución industrial. Estos países han contraído por lo tanto una deuda ambiental que, al igual que la deuda financiera, debe ser reembolsada. Esto no es todo porque, incluso en nuestros días, las diferencias siguen siendo abismales: entre 1980 y 2005 los Estados Unidos han emitido casi el doble de cantidad de CO2 que China y unas siete veces más que la India. Si se tiene en cuenta el número de habitantes, cabe decir que nos hallamos ante una falta de equidad inaceptable, e incluso inmoral.

Hacia una solución común
Lo primero que hace falta es que los países ricos reduzcan considerablemente sus emisiones y que no haya desacuerdos ni tergiversaciones a este respecto. En la atmósfera hay una masa de gases con efecto de invernadero que se ha ido acumulando con el correr de los siglos, enriqueciendo a algunas naciones y alterando el clima del planeta. Los países pobres van a aumentar esa masa a medida que se vayan desarrollando. Esto último no exime en modo alguno a los países ricos de la obligación de fijarse sólidos objetivos de reducción de sus emisiones, sancionándolos en el plano jurídico. Se debe establecer un acuerdo basado en el principio siguiente: que los ricos reduzcan para que los pobres puedan desarrollarse a su vez.

El otro aspecto de ese acuerdo es que los países pobres y de economías emergentes necesitan desarrollarse económicamente. El compromiso que contraigan no debe ser vinculante en el plano jurídico, sino que debe basarse en objetivos y planes nacionales de reducción. La dificultad estriba en que los países emergentes puedan adoptar estrategias de crecimiento con escasos índice de emisión de CO2, sin que ello vaya menoscabo de su derecho al desarrollo.

Eso es factible. Es evidente que países como China y la India ofrecen al mundo la posibilidad de evitar emisiones de dióxido de carbono adicionales, en la medida en que todavía no han terminado la construcción de sus infraestructuras para la energía, la industria y los transportes. De ahí que tengan la posibilidad de invertir directamente en tecnologías eficaces, basando su desarrollo urbano en los transportes colectivos, su aprovisionamiento energético en una producción local y diversificada (desde los biocarburantes a las energías renovables) y su industria en tecnologías menos despilfarradoras y contaminantes.

Estos países ya saben que no les interesa en absoluto contaminar para luego tener que limpiar, o empezar derrochando los recursos energéticos para verse obligados a ahorrarlos después. El problema es que las tecnologías eficientes son costosas. No es que China y la India tengan una propensión particular a invertir en tecnologías sucias y devoradoras de energía. Lo que hacen estos países es, ni más ni menos, seguir por la vía trazada por los países ricos: incrementar las emisiones de CO2, enriquecerse y adoptar luego estrategias de desarrollo sobrias. El acuerdo que se concluya debe reconocer ese estado de cosas y facilitar a los países pobres y de economías emergentes las tecnologías y la financiación necesarias para que puedan efectuar es transición. Ese es el quid de la cuestión.

Un sistema de “cuotas climáticas”
El mundo debe examinar seriamente el establecimiento de un sistema de igualdad de derechos de emisión por habitante, de forma que los países ricos reduzcan sus emisiones y los pobres no sobrepasen sus “cuotas climáticas”.

La atribución a cada país de una capacidad global de absorción, en función de su población, generará un sistema de derechos de emisión por habitante y constituirá el volumen de emisiones tolerado. Ese sistema servirá de marco a una bolsa mundial de derechos de emisión, en la que los países que hayan sobrepasado sus cuotas anuales de CO2 podrán comprar derechos suplementarios a aquellos que no hayan alcanzado sus propias cuotas. Así se creará un incentivo financiero para que los países mantengan sus emisiones al nivel más bajo posible e inviertan en proyectos de “emisión cero”.

Este sistema internacional equitativo debe corresponderse con un sistema nacional de la misma índole. En la India, por ejemplo, son los pobres, y no los ricos, quienes emiten menos del CO2 que les corresponde en la cuota nacional. Al no tener acceso a la energía, son los económicamente débiles los que ofrecen al país el margen de maniobra de que dispone: en 2005 la emisión por habitante en la India se cifró en una tonelada y media de CO2 por habitante. No obstante, esta cifra oculta disparidades muy profundas entre las zonas urbanas industriales, devoradoras de energía, y las zonas rurales, mucho más frugales. Según las estimaciones, hoy en día solamente el 31% de los hogares rurales de la India disponen de energía eléctrica. La electrificación de todas las aldeas del país va a ser una empresa onerosa y difícil a la vez. De ahí que sea especialmente viable en el plano económico optar por soluciones basadas en las energías renovables, al margen de las redes eléctricas clásicas. Si en India se atribuyesen derechos iguales de emisión por habitante, de manera que los más acomodados se viesen obligados a reembolsar a los pobres por sus excesos, los usuarios más sobrios dispondrían de los recursos e incentivos necesarios para orientarse hacia la utilización de tecnologías de “emisión cero”. Esto sería un medio para estimular una fuerte demanda de inversiones en las nuevas tecnologías renovables.

Esta estrategia basada en los derechos de emisión es fundamental para afrontar el problema planteado por el cambio climático. Éste nos ha mostrado mejor que nadie que en este mundo todas las cosas guardan relación entre sí, y que si ayer los países ricos sobrepasaron su capacidad de emisión, los países emergentes van a hacer lo mismo ahora. También nos ha mostrado que el único medio para controlar los excesos es llegar a un acuerdo justo y equitativo, a fin de que podamos impulsar en el mundo una empresa de cooperación de vastas proporciones.

Sunita Narain es una ecologista militante de la India que dirige el Centro para la Ciencia y el Medio Ambiente y la Sociedad para la Comunicación Ambiental con sede en Nueva Delhi. También es redactora jefe de la revista Down To Earth.

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