Marcos Ávalos Bracho 15 de julio de 2009
Sin embargo, hay que señalar que para algunos está visión puede ser optimista. Recientemente la OCDE ha publicado un estudio que cuestiona esta visión, y sostiene que la brecha entre países pobres y ricos se ha incrementado durante el periodo de la globalización (véase el reporte Growing Unequal? Income Distribution and Poverty in OECD Countries, 2008)

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En América Latina y el Caribe sólo unas cuantas economías han logrado desarrollar la competitividad necesaria para acceder a los mercados internacionales. En varias economías emergentes los beneficios de la globalización no se han diseminado en la mayor totalidad de la población, lo cual ha creado desconfianza. La alta desigualdad en la distribución del ingreso, incluso en economías desarrolladas, ha sido una de las principales causas de ello.
A excepción de la población que cuenta con estudios superiores, los ingresos para el promedio de la población se han reducido significativamente. Lo anterior ha propiciado una gran demanda por políticas proteccionistas. Esto ha motivado a los políticos a tomar medidas contrarias a la lógica y principios del mercado, desde legislaciones que prohíben el comercio, hasta barreras a la entrada de IED, además de acciones para promover a las “empresas nacionales”.

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La actual crisis financiera que jamás haya presenciado la humanidad desde la Gran Depresión ha consolidado dicha tendencia y ha propiciado una mayor intervención del Estado en la economía a través de inyecciones de capital, controles del tipo de cambio, influyendo en las decisiones empresariales, imponiendo barreras comerciales y aplicando instrumentos de competencia (antitrust inmmunity), etcétera. Lo anterior muestra que se requiere de una nueva orientación y mecanismos de transmisión respecto a la globalización que permita canalizar estos beneficios a la sociedad, si se quiere asegurar su subsistencia.

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En esta perspectiva, y en particular para la región de Centroamérica, el sector de comunicaciones puede ser un detonador del crecimiento económico. Los beneficios de la industria son contundentes. Por ejemplo, la eficiencia y la dinámica de las operaciones bancarias de empresas y personas, el turismo, el intercambio comercial, no puede explicarse sin el sector telecomunicaciones ni las tecnologías de la información. Como lo ha señalado Stiglitz (1998): “Nuestra economía de información global se caracteriza por la intensa competencia, por nuevos mercados, teniendo como un componente vital de la política económica a las telecomunicaciones”.

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Hoy sabemos que aquellos países y regiones con sistemas de telecomunicaciones rudimentarios, tienen también una limitada comunicación entre empresas y elevados costos de transacción para realizar sus órdenes, recopilación y procesamiento de información, búsqueda de servicios, etcétera.
La experiencia internacional sugiere que una política de competencia bien diseñada e implementada en el sector de telecomunicaciones, constituye un requisito ineludible para el desarrollo del mismo. En el caso de Centroamérica, los países que optaron por la apertura del sector de telecomunicaciones, lo hicieron con procesos y trayectorias diferentes. Nicaragua y Panamá privatizaron y desregularon el sector a través del mecanismo de concesiones de tres años a los nuevos dueños, la exclusividad incluyó la telefonía fija y la larga distancia (LD), y además les permitió el derecho de operar una licencia de telefonía móvil.

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Por su parte, Guatemala y El Salvador decidieron abrir el sector a la competencia. El Salvador separó la telefonía fija de la móvil y la vendió a diferentes operadores, mientras que Guatemala las cedió a una sola empresa integrada al sector privado.
Finalmente Honduras introdujo el programa Telefonía para Todos (TpT) que consistió en la creación de la figura “comercializador suboperador” (definida como aquel que recibía una extensión de la empresa Hondutel de los derechos otorgados por la ley, para permitir proveer servicios de telecomunicaciones) y con la terminación de la segmentación en la prestación de los servicios, debido a que el “suboperador” puede utilizar la misma infraestructura para proveer los diversos servicios.

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Lo cierto es que hoy en día todavía se percibe una heterogeneidad significativa respecto a la institucionalidad (particularmente la institucionalidad de competencia) y en el grado de competencia de los servicios de telecomunicaciones en la región Centroamericana.
En un resumen del “nivel de competencia” por mercado relevante en el sector de telecomunicaciones en cada uno de los países que componen la región del Istmo centroamericano, se puede señalar que El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Panamá son los países que mayor nivel de competencia han introducido. Sin embargo, los resultados no son homogéneos.

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El Salvador y Panamá se han beneficiado más de la liberalización del sector que en los casos de Guatemala y Nicaragua. Sin duda, entre varios factores (ineficiencia del diseño de la regulación institucional), el más relevante que explica que los resultados de los beneficios de la liberalización en el sector de telecomunicaciones no se hayan cristalizados en Guatemala y Nicaragua, es el hecho de éstos todavía no cuentan con una ley de competencia activa.
Por otro lado, Costa Rica es el caso extremo, quién prácticamente no ha introducido un esquema de competencia, salvo en el caso del mercado de servicio de televisión por cable, ha tenido éxitos parciales. Honduras representa un caso “intermedio”, que ha realizado esfuerzos importantes en varios mercados y ha dejado pendientes mercados como la telefonía de larga distancia (nacional e internacional).

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El nuevo panorama mundial obliga a los países de la región de Centroamérica a realizar un ejercicio de reflexión y repensar la implementación de la política de competencia en el sector de telecomunicaciones buscando adaptarla a las nuevas circunstancias como crisis internacional o dinámica del propio sector (convergencia tecnológica), y englobarla en el contexto de la integración económica de la región. Sin embargo, el medio para lograrlo debe de ir más allá de la simple idea de importar y replicar algún modelo específico de política de competencia extraño a las circunstancias y realidades nacionales que funciona bajo otras premisas, sin tomar en cuenta elementos jurídicos, políticos, económicos y sociales peculiares de nuestra región que obligan a “tropicalizar” y adecuar cuidadosamente a nuestras circunstancias los mejores elementos de los modelos internacionales exitosos.

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Aunque han existido avances respecto a la implementación de la política de competencia en el sector de telecomunicaciones, la región todavía presenta serios obstáculos para proteger las condiciones de competencia efectiva en el sector.
El autor es profesor e investigador del Centro de Alta Dirección en Economía y Negocios (CADEN) de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Anáhuac

Marcos Ávalos Bracho 15 de julio de 2009
Sin embargo, hay que señalar que para algunos está visión puede ser optimista. Recientemente la OCDE ha publicado un estudio que cuestiona esta visión, y sostiene que la brecha entre países pobres y ricos se ha incrementado durante el periodo de la globalización (véase el reporte Growing Unequal? Income Distribution and Poverty in OECD Countries, 2008)

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En América Latina y el Caribe sólo unas cuantas economías han logrado desarrollar la competitividad necesaria para acceder a los mercados internacionales. En varias economías emergentes los beneficios de la globalización no se han diseminado en la mayor totalidad de la población, lo cual ha creado desconfianza. La alta desigualdad en la distribución del ingreso, incluso en economías desarrolladas, ha sido una de las principales causas de ello.
A excepción de la población que cuenta con estudios superiores, los ingresos para el promedio de la población se han reducido significativamente. Lo anterior ha propiciado una gran demanda por políticas proteccionistas. Esto ha motivado a los políticos a tomar medidas contrarias a la lógica y principios del mercado, desde legislaciones que prohíben el comercio, hasta barreras a la entrada de IED, además de acciones para promover a las “empresas nacionales”.

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La actual crisis financiera que jamás haya presenciado la humanidad desde la Gran Depresión ha consolidado dicha tendencia y ha propiciado una mayor intervención del Estado en la economía a través de inyecciones de capital, controles del tipo de cambio, influyendo en las decisiones empresariales, imponiendo barreras comerciales y aplicando instrumentos de competencia (antitrust inmmunity), etcétera. Lo anterior muestra que se requiere de una nueva orientación y mecanismos de transmisión respecto a la globalización que permita canalizar estos beneficios a la sociedad, si se quiere asegurar su subsistencia.

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En esta perspectiva, y en particular para la región de Centroamérica, el sector de comunicaciones puede ser un detonador del crecimiento económico. Los beneficios de la industria son contundentes. Por ejemplo, la eficiencia y la dinámica de las operaciones bancarias de empresas y personas, el turismo, el intercambio comercial, no puede explicarse sin el sector telecomunicaciones ni las tecnologías de la información. Como lo ha señalado Stiglitz (1998): “Nuestra economía de información global se caracteriza por la intensa competencia, por nuevos mercados, teniendo como un componente vital de la política económica a las telecomunicaciones”.

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Hoy sabemos que aquellos países y regiones con sistemas de telecomunicaciones rudimentarios, tienen también una limitada comunicación entre empresas y elevados costos de transacción para realizar sus órdenes, recopilación y procesamiento de información, búsqueda de servicios, etcétera.
La experiencia internacional sugiere que una política de competencia bien diseñada e implementada en el sector de telecomunicaciones, constituye un requisito ineludible para el desarrollo del mismo. En el caso de Centroamérica, los países que optaron por la apertura del sector de telecomunicaciones, lo hicieron con procesos y trayectorias diferentes. Nicaragua y Panamá privatizaron y desregularon el sector a través del mecanismo de concesiones de tres años a los nuevos dueños, la exclusividad incluyó la telefonía fija y la larga distancia (LD), y además les permitió el derecho de operar una licencia de telefonía móvil.

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Por su parte, Guatemala y El Salvador decidieron abrir el sector a la competencia. El Salvador separó la telefonía fija de la móvil y la vendió a diferentes operadores, mientras que Guatemala las cedió a una sola empresa integrada al sector privado.
Finalmente Honduras introdujo el programa Telefonía para Todos (TpT) que consistió en la creación de la figura “comercializador suboperador” (definida como aquel que recibía una extensión de la empresa Hondutel de los derechos otorgados por la ley, para permitir proveer servicios de telecomunicaciones) y con la terminación de la segmentación en la prestación de los servicios, debido a que el “suboperador” puede utilizar la misma infraestructura para proveer los diversos servicios.

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Lo cierto es que hoy en día todavía se percibe una heterogeneidad significativa respecto a la institucionalidad (particularmente la institucionalidad de competencia) y en el grado de competencia de los servicios de telecomunicaciones en la región Centroamericana.
En un resumen del “nivel de competencia” por mercado relevante en el sector de telecomunicaciones en cada uno de los países que componen la región del Istmo centroamericano, se puede señalar que El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Panamá son los países que mayor nivel de competencia han introducido. Sin embargo, los resultados no son homogéneos.

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El Salvador y Panamá se han beneficiado más de la liberalización del sector que en los casos de Guatemala y Nicaragua. Sin duda, entre varios factores (ineficiencia del diseño de la regulación institucional), el más relevante que explica que los resultados de los beneficios de la liberalización en el sector de telecomunicaciones no se hayan cristalizados en Guatemala y Nicaragua, es el hecho de éstos todavía no cuentan con una ley de competencia activa.
Por otro lado, Costa Rica es el caso extremo, quién prácticamente no ha introducido un esquema de competencia, salvo en el caso del mercado de servicio de televisión por cable, ha tenido éxitos parciales. Honduras representa un caso “intermedio”, que ha realizado esfuerzos importantes en varios mercados y ha dejado pendientes mercados como la telefonía de larga distancia (nacional e internacional).

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El nuevo panorama mundial obliga a los países de la región de Centroamérica a realizar un ejercicio de reflexión y repensar la implementación de la política de competencia en el sector de telecomunicaciones buscando adaptarla a las nuevas circunstancias como crisis internacional o dinámica del propio sector (convergencia tecnológica), y englobarla en el contexto de la integración económica de la región. Sin embargo, el medio para lograrlo debe de ir más allá de la simple idea de importar y replicar algún modelo específico de política de competencia extraño a las circunstancias y realidades nacionales que funciona bajo otras premisas, sin tomar en cuenta elementos jurídicos, políticos, económicos y sociales peculiares de nuestra región que obligan a “tropicalizar” y adecuar cuidadosamente a nuestras circunstancias los mejores elementos de los modelos internacionales exitosos.

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Aunque han existido avances respecto a la implementación de la política de competencia en el sector de telecomunicaciones, la región todavía presenta serios obstáculos para proteger las condiciones de competencia efectiva en el sector.
El autor es profesor e investigador del Centro de Alta Dirección en Economía y Negocios (CADEN) de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Anáhuac